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Una
mala idea
(Diario
La República, 26/6/2006)
El proyecto que impulsa el PIT-CNT sobre anulación de la
Ley de Caducidad, plantea fricciones inútiles y peligrosas.
Los verdaderos problemas para evitar futuros desbordes de autoridad
se encuentran en otro lado y sin resolver.
Antes
de dejar su decanato, el doctor Abal Oliú jerarquizó
los estudios de Derecho Romano, de forma tal que se convirtieran
en una apología del Imperio Romano de la Decadencia.
Esto
se hizo en silencio, sin discutir y a espaldas del público
y la propia Facultad. El problema es que a estos enfoques del derecho
suele atribuírsele responsabilidad en fomentar los totalitarismos
y en el desprecio a la democracia en general. Esto es lo que afirma
Jollowicz (Political Implications of Roman Law); Churchill, Wiston
(A History of the English-Speaking Peoples, vol.1"; más
recientemente Siedentop, Larry; Democracy in Europe, New York (2001);
entre otros.
Además
de estas reformas recientes, tradicionalmente abogados uruguayos
salen de Facultad sin ninguna formación en participación
popular en la justicia y la policía. Tampoco formas equitativas
de proceso administrativo. Con eso se asegura que si la población
despertase de su sopor autoritario, que en muchos temas viene de
la época de Terra (1933) no cuente con profesionales de derecho
competentes, para aplicar los principios básicos constitucionales
de libertad.
En
este entorno, surge esta campaña de anulación de la
Ley de Caducidad.
El
argumento básico es endeble: si se logra punir los actos
políticos ilegales e inmorales de los gobiernos de facto,
en el futuro, habrá menos personas dispuestas a colaborar
con este tipo de gobiernos, de forma tal que incluso habrá
menos gobiernos de estas características.
Este
argumento es falso. El entorno político de los gobiernos
totalitarios es también totalitario, y el Uruguay de los
años 70-80 no fue la excepción. La gente piensa que
el gobierno totalitario es omnisciente, y que durará para
siempre.
Estas
instituciones eran relativamente difíciles de cambiar por
la herencia colonial española, tributaria a su vez de las
instituciones romanas de la decadencia, que como una novísima
joya se presentan a partir del año pasado a las nuevas generaciones
que ingresan a la Facultad de Derecho.
Pero
hoy es diferente.
La
España moderna vuelve a sus raíces, y hoy tiene todas
las instituciones que los próceres americanos diseñaron
para sus pueblos (y que no fueron aplicadas).
Un
proceso penal por jurados, una policía con sindicatos policiales
y descentralizada en diversos cuerpos, amplia descentralización
hacia las fiscalías, la posibilidad de transar las acciones
penales, una organización federal que funciona, hacen que
los españoles tengan un proceso penal ejemplar.
Lo
mismo, aún en mayor grado cabe decir de los portugueses.
Hasta
los argentinos se han decidido a cumplir con su propia Constitución
de 1853, y hoy en forma tambaleante están exhibiendo al mundo
las primeras sentencias de sus jurados populares que han entrado
en vigencia luego de más de 150 años de hibernación.
En
este entorno oscuro y peligroso, donde nada importante se ha modificado,
y lo que es peor, nada importante piensa modificarse, surge este
proyecto de derogar la Ley de Caducidad.
Empujar
a la gente armada a la desesperación siempre es peligroso,
cuando esto es inútil es además estúpido.
Hay
algo que se puede rescatar de este movimiento y que es una buena
idea. Decir de una vez por todas: "Nunca mas"
Pero
eso no es fácil y el camino no será el que los sindicalistas
se imaginan.
Carlos
Aparicio
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